La Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón) denunció que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) ha retenido de manera irregular $3,8 billones en anticipos de impuestos correspondientes al período entre 2023 y 2024. Según el gremio, estos saldos a favor de las empresas del sector se han venido acumulando progresivamente y están afectando la liquidez y sostenibilidad financiera de los productores. En 2023, las solicitudes de devolución por pagos anticipados alcanzaron un récord de $2,8 billones, mientras que en 2024 las solicitudes sumarón $1 billón.
Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón, explicó que esta situación responde a medidas tributarias adoptadas sin suficiente análisis técnico, como el incremento en la tarifa de autorretención en la fuente. Esta ha pasado de 1,6% a 2,2%, y posteriormente al 4,5% para las empresas del sector carbón. Según el dirigente, se trata de un anticipo sobre una renta que en 2025 no se generará, dado el desplome en los precios internacionales y la contracción del mercado. Cante advirtió que esta política equivale a una “captura temporal de recursos de los contribuyentes”.
El gremio estima que, de mantenerse estas condiciones, la renta anticipada pagada en exceso para el próximo año podría acercarse a los $2 billones. Fenalcarbón advierte que esta cifra representa una afectación directa a la capacidad de operación e inversión de las empresas, especialmente en un entorno de caída del 7% en los niveles de producción y una reducción del 44% en las exportaciones durante los primeros meses de 2025. La situación es crítica para un sector que ha sido históricamente uno de los principales generadores de divisas del país.
El impacto de estas medidas va más allá del incremento de la autorretención. Fenalcarbón advierte que se suman otras cargas como la sobretasa al impuesto de renta, el impuesto al carbono, la restricción a las exportaciones hacia Israel, el impuesto especial sobre la venta de carbón bajo el estado de conmoción interior y, próximamente, la reforma tributaria que pretende volver permanentes los tributos temporales. Estas condiciones, según el gremio, generan un entorno fiscal que supera la capacidad real de las empresas para responder a sus obligaciones.
La situación ha llevado a que Fenalcarbón interponga una demanda ante el Consejo de Estado contra el incremento de las tarifas de autorretención, argumentando que no guardan proporcionalidad con la rentabilidad actual del sector. Las empresas afirman que están operando en un contexto de bajos márgenes, altos costos estructurales y limitaciones para acceder a los recursos que ya han pagado al Estado. Esta combinación de factores está deteriorando su capacidad de mantener operaciones y puestos de trabajo, especialmente en zonas mineras que dependen económicamente del carbón.
