Estados Unidos ha tomado la decisión de retirar a Cuba de la lista de países designados como patrocinadores del terrorismo, marcando un giro significativo en las relaciones bilaterales. Este anuncio, realizado por la administración del presidente Joe Biden a pocos días de dejar la Casa Blanca, responde en parte a una solicitud formal del gobierno colombiano de Gustavo Petro. Según funcionarios estadounidenses, esta decisión se tomó luego de una evaluación exhaustiva que concluyó que Cuba no ha participado en actividades terroristas durante los últimos seis meses, requisito estipulado por la legislación estadounidense. La noticia también incluyó el levantamiento de algunas sanciones, medidas que buscan un alivio para el pueblo cubano y que llegan en un momento de tensión regional.
En una rueda de prensa sorpresiva organizada por la Casa Blanca, se destacó que la decisión coincide con las negociaciones lideradas por el Vaticano para liberar a muchos de los presos políticos encarcelados tras las protestas en Cuba en julio de 2021. Este movimiento se produce como parte de un esfuerzo mayor para reducir las restricciones sobre la isla y generar un impacto tangible en los derechos humanos, tema central en la política hacia Cuba del presidente Biden. Según la Casa Blanca, las liberaciones de los presos políticos son «inminentes» y podrían concretarse antes del traspaso de poder a la próxima administración.
El gobierno colombiano desempeñó un papel crucial en esta decisión. Según un funcionario estadounidense, una carta enviada en octubre de 2024 por Colombia, solicitando la exclusión de Cuba de la lista, fue clave para el cambio de postura. Esta solicitud argumentaba que Cuba había jugado un rol positivo en las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), destacando su papel como garante en procesos de diálogo. Este gesto contrasta con la administración de Donald Trump, que en 2021 devolvió a Cuba a la lista basándose en acusaciones de que la isla ofrecía refugio a líderes del ELN implicados en un atentado en Colombia.
Además del retiro de la designación, Estados Unidos anunció otras medidas para aliviar las sanciones sobre Cuba. Entre ellas, la exención del Título 3 de la Ley Helms-Burton, que impedirá que ciudadanos estadounidenses demanden a Cuba por propiedades confiscadas en la isla, y la eliminación de la «Lista Restringida», que limitaba transacciones financieras con entidades cubanas específicas. Estas acciones han sido bien recibidas por varios aliados de Estados Unidos, incluidos Brasil, España, Canadá y Chile, quienes también solicitaron flexibilizar las políticas hacia Cuba.
Este cambio ocurre en medio de la transición de poder en Estados Unidos y ha generado reacciones mixtas. Mientras los aliados de Biden elogian el esfuerzo diplomático, sectores republicanos, especialmente entre la comunidad cubano-estadounidense, critican la medida y anticipan que el presidente electo, Donald Trump, podría revertir estas decisiones. Sin embargo, funcionarios estadounidenses enfatizan que la exclusión de Cuba de esta lista es resultado de una revisión objetiva y no de intereses políticos. Aunque el Congreso tendrá la oportunidad de revisar esta decisión, la legislación vigente otorga al presidente la autoridad para tomar decisiones unilaterales en este ámbito.
