El presidente Gustavo Petro firmó el decreto que oficializa el martes 18 de marzo de 2025 como Día Cívico para la Participación Ciudadana, con el objetivo de garantizar el derecho de la ciudadanía a expresarse públicamente en favor de las reformas sociales. Según el documento, todas las entidades públicas de la Rama Ejecutiva, tanto a nivel nacional como territorial, deberán facilitar el derecho de reunión y manifestación pacífica. La decisión se da en el marco de la radicación de la ponencia negativa en el Senado que podría hundir la Reforma Laboral, una de las principales apuestas del Gobierno.
La medida ha generado controversia entre varios alcaldes y gobernadores, quienes han manifestado su desacuerdo con la interrupción de actividades laborales y educativas. Federico Gutiérrez (Medellín), Alejandro Eder (Cali), Carlos Fernando Galán (Bogotá) y Dumek Turbay (Cartagena), entre otros mandatarios locales, anunciaron que no acatarán el decreto, argumentando que no es momento de detener el país. Sin embargo, aseguraron que garantizarán la seguridad de quienes decidan participar en las movilizaciones convocadas. “Aquel que tenga la responsabilidad de trabajar con niños y adolescentes y no cumpla, tendrá implicaciones en su pago”, advirtió el alcalde de Bogotá.
Desde el Gobierno Nacional, Petro defendió la medida, afirmando que los decretos presidenciales deben respetarse. «Los mejores jueces son los que permiten que la gente se exprese en libertad, porque expresarse es un derecho«, declaró el mandatario tras la publicación del decreto. Además, el documento exhorta a entidades territoriales, organismos autónomos y demás ramas del poder público a acogerse a la medida, dejando a discreción de los entes educativos la posibilidad de modificar los calendarios académicos para compensar la jornada.
El día cívico coincidirá con la votación en la Comisión Séptima del Senado sobre la ponencia negativa de la Reforma Laboral, lo que ha llevado a diversos sectores políticos a interpretar la medida como una estrategia para presionar al Congreso. Mientras algunos consideran que se trata de una respuesta al supuesto “bloqueo institucional” que denuncia el Gobierno, otros lo ven como un primer paso en la estrategia electoral del petrismo para 2026. Independientemente de la polémica, la convocatoria ha sumado apoyos de sectores sindicales y organizaciones indígenas como el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que anunciaron una minga nacional en respaldo a la movilización.
