El ministro de Hacienda, Germán Ávila, presentó ante las Comisiones Económicas del Congreso los detalles de la nueva Reforma Tributaria del Gobierno de Gustavo Petro, en el marco de la radicación del Presupuesto General de la Nación 2026, que asciende a 556,9 billones de pesos. El funcionario explicó que 26,3 billones de esos recursos son contingentes y dependen de la aprobación de una Ley de Financiamiento, lo que genera un alto grado de incertidumbre en las cuentas fiscales.
Ávila aseguró que, en esta reforma, el Ejecutivo no tocará la canasta familiar, pero sí se enfocará en revisar beneficios tributarios del IVA que favorecen a los sectores con mayores ingresos. También anunció que se gravará el consumo de licores y tabaco, medida que se suma a una revisión de la progresividad de los impuestos sobre renta y patrimonio, así como a posibles ajustes en los impuestos al carbono, al consumo y a los denominados impuestos saludables.
El ministro señaló que las decisiones del Presupuesto 2026 están marcadas por un gasto altamente inflexible que alcanza el 91% del total. De los 556 billones de pesos, 509 billones corresponden a compromisos ya adquiridos, como el servicio de la deuda, las pensiones y los gastos de personal, gran parte destinados a defensa, justicia y órganos autónomos. Según Ávila, la inflexibilidad fiscal es uno de los principales retos que enfrenta el Gobierno.
Durante la misma presentación, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, pidió que la reforma sea integral y que se revise el gasto público inercial, además de definir competencias claras entre los distintos niveles de gobierno. Para Villar, un rediseño técnico permitiría evitar duplicidades y mejorar la eficiencia en la administración de los recursos.
La Contraloría General alertó sobre los riesgos de este Presupuesto debido a su dependencia de una Ley de Financiamiento incierta. El organismo de control advirtió que el Gobierno activó la cláusula de escape para ampliar el gasto y evadir temporalmente las metas de la regla fiscal, pero no presentó un plan de ajuste sólido. Según las proyecciones, el déficit fiscal alcanzará el 7,1% del PIB en 2025 y se reduciría a 6,2% en 2026, pese a un mayor recaudo estimado en 26,3 billones y a una reducción de intereses de 10 billones.
Ávila agregó que parte del déficit actual proviene de decisiones fiscales previas, como los subsidios a la gasolina, que han costado cerca de 80 billones desde 2022, además de subsidios a energía y gas que suman 18,2 billones y obligaciones derivadas de un crédito con el Fondo Monetario Internacional por 22,9 billones. Con este panorama, el Gobierno sostiene que la Reforma Tributaria es clave para garantizar la sostenibilidad macroeconómica, mantener el crecimiento y proteger el gasto social en medio de la coyuntura fiscal.
