El debate sobre la concesión de agua subterránea que permite a la multinacional Coca Cola, a través de su filial INDEGA S.A., captar 3,23 litros por segundo de siete manantiales en La Calera, volvió a encenderse tras el pronunciamiento del Ministerio de Ambiente. La ministra encargada, Irene Vélez, pidió a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) revisar el permiso y reiteró que la ley establece la prioridad del consumo humano por encima de los usos industriales.
En su intervención, Vélez citó el decreto 1073 de 2015, que indica que las concesiones de agua solo pueden prorrogarse en el último año de vigencia y siempre priorizando el abastecimiento de las comunidades. La funcionaria también cuestionó la continuidad automática de una concesión que lleva más de cuatro décadas activa, y convocó a una mesa técnica para finales de octubre, en la que se discutirán el estado del trámite de prórroga, la posibilidad de abrir un nuevo proceso, los argumentos de la audiencia pública celebrada en mayo y los estudios técnicos que sustentan la decisión.
El caso cobró relevancia en diciembre de 2023, cuando se venció la concesión de INDEGA S.A., vigente desde hace 40 años. La embotelladora solicitó su extensión por diez años más en 2024, lo que desató controversia en pleno periodo de racionamiento de agua en Bogotá. La CAR convocó entonces la primera audiencia pública de su historia para tratar este tipo de permisos, donde intervinieron campesinos de la zona, representantes de la empresa y alrededor de 500 asistentes que debatieron sobre la sostenibilidad del uso industrial del recurso.
La congresista María del Mar Pizarro denunció que los manantiales presentaban presencia de cemento y acusó a la empresa de beneficiarse de prórrogas ilegales, como la de 2014. Según la legisladora, el artículo 55 del decreto ley 2811 de 1974 obliga a suspender concesiones vencidas y abrir un nuevo proceso. No obstante, la ministra Vélez y expertos en derecho ambiental explicaron que para las concesiones de agua aplica el Decreto 1076 de 2015, que permite su prórroga salvo razones de conveniencia pública. El director de la CAR, Alfred Ballesteros, sostuvo que interrumpir estos permisos podría afectar no solo a embotelladoras, sino a acueductos rurales o urbanos.
Más allá de lo jurídico y ambiental, uno de los puntos más controvertidos es el valor que Coca Cola paga por la captación del agua: cerca de 11 millones de pesos anuales. Activistas, académicos y autoridades han pedido al Ministerio de Ambiente actualizar estas tarifas, al considerar que el cobro actual no corresponde con la magnitud del recurso aprovechado. La discusión se mantiene abierta, mientras la CAR define si prorroga, modifica o revoca la concesión de agua a la multinacional.
