El presidente Gustavo Petro confirmó este viernes que derogará el decreto que convocaba a una consulta popular, una medida que había sido duramente cuestionada por sectores políticos y jurídicos. El anuncio se hizo público luego de que el Congreso aprobara la reforma laboral, considerada por el Gobierno como una victoria estratégica. Además, el mandatario sorprendió al país al proponer incluir una papeleta en las próximas elecciones para que los colombianos decidan sobre la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.
A través de su cuenta en la red social X, Petro escribió: “Colombia ha ganado su primera victoria”, en referencia a la aprobación de la reforma laboral. En el mismo mensaje, confirmó que será entregada una papeleta para convocar la Constituyente, y que su Gobierno se comprometerá a construir una “democracia profunda con las gentes, la paz y el Estado social de derecho”.
Aunque el presidente anunció la derogatoria del decreto, varios expertos constitucionales afirman que el control judicial sobre el acto administrativo no se detiene. Carlos Zambrano, exconsejero de Estado, explicó que el simple hecho de que el decreto existiera ya genera posibles efectos jurídicos que deben ser evaluados por el Consejo de Estado y eventualmente por la Corte Constitucional. Por tanto, los trámites judiciales seguirán su curso mientras se determina si esos efectos deben anularse o mantenerse.
Desde una visión institucional, Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, explicó que la derogatoria del decreto elimina su vigencia, pero no impide que la jurisdicción contenciosa-administrativa analice si se ajustó al marco legal. Según Herrera, la jurisprudencia colombiana ha reiterado que la revocatoria de un acto administrativo no borra la necesidad de un fallo de fondo que pueda sentar precedentes sobre el alcance del poder presidencial en la convocatoria de mecanismos de participación como la consulta popular.
Otros juristas, como Juan Carlos Ospina, sostienen que si bien seguirán abiertas las indagaciones preliminares contra los ministros que firmaron el decreto, no creen que el asunto escale al terreno penal, dado que el debate es más político que jurídico. En contraste, Gonzalo Ramírez Cleves opinó que, al haber desaparecido el decreto por vía de la derogatoria, sus efectos se extinguen, lo que limitaría el accionar de la Corte Constitucional en este caso, salvo que se considere pertinente dejar un precedente sobre el alcance de actos similares.
