En un acto simbólico desde la Casa Museo Quinta de Bolívar en Bogotá, el presidente Gustavo Petro sancionó oficialmente la Reforma Laboral, uno de los proyectos más emblemáticos de su gobierno. La ceremonia, realizada este 25 de junio, contó con la presencia de líderes sindicales, voceros estudiantiles, congresistas y representantes de las centrales obreras, y marcó el fin de un complejo proceso legislativo que incluyó dos derrotas en el Congreso, una amenaza de consulta popular y una intensa jornada de conciliación. Con esta firma, la Reforma Laboral se convierte en Ley de la República y comienza una nueva etapa de implementación que estará acompañada de una vigilancia estricta por parte del Estado.
Durante el acto, el presidente Petro dejó claro que las empresas estarán obligadas a cumplir con la nueva normativa. “Le dije al Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, que necesito por lo menos 1.000 inspectores visitando empresas. Compañía que no aplique la reforma, ¡chum!”, advirtió el mandatario, haciendo referencia a casos en Antioquia donde ya habría indicios de desacato. Esta política de fiscalización responde a la preocupación del Ejecutivo por garantizar que los derechos laborales establecidos en la reforma no se conviertan en letra muerta.
Entre los cambios más relevantes que trae la ley está la imposición del contrato a término indefinido como la regla general, limitando los contratos temporales a un máximo de cuatro años. Además, se transforma el contrato de aprendizaje del Sena en un vínculo laboral formal con prestaciones y remuneraciones ajustadas. La jornada nocturna también cambia: ahora comenzará a las 7:00 p.m. en lugar de las 9:00 p.m., con un recargo del 35%. Esta modificación, que entrará en vigencia en seis meses, ha generado especial preocupación entre sectores como la vigilancia, bares y transporte.
Asimismo, los recargos dominicales y festivos aumentarán de manera progresiva hasta llegar al 100% en 2027. La jornada máxima semanal se reduce a 42 horas, sin que ello implique una disminución salarial. También se introduce un paquete de licencias remuneradas por razones médicas, familiares y educativas, y beneficios como el día libre para quienes usen bicicleta regularmente para ir al trabajo. En el ámbito del teletrabajo, se fortalece la obligación del auxilio de conectividad para quienes devengan menos de dos salarios mínimos.
La reforma también impacta a sectores históricamente precarizados. Las empleadas domésticas, madres comunitarias, repartidores digitales e internos de medicina deberán ser vinculados formalmente, con prestaciones y cobertura en seguridad social. Las plataformas digitales, por ejemplo, deberán asumir hasta el 60% de los aportes si los repartidores son contratistas independientes. A su vez, las empresas estarán obligadas a incluir trabajadores con discapacidad en su planta, y el Ministerio de Trabajo tendrá 12 meses para diseñar una política nacional contra el acoso y la discriminación laboral.
Pese a que el Gobierno celebra la aprobación como un hito social, los gremios empresariales han manifestado preocupación por el impacto económico. Fenalco estima que los costos laborales podrían subir entre un 18% y 34%. Asobares advirtió que la nueva jornada nocturna podría suponer la pérdida de más de 11.000 empleos. Por su parte, Acopi calcula que una pyme promedio asumirá sobrecostos cercanos a los 157 millones de pesos anuales.
