El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre la compra de cultivos de coca a campesinos en El Plateado, Cauca, ha generado una fuerte polémica. La propuesta de comprar la cosecha de coca como medida temporal mientras se implementan alternativas económicas lícitas fue anunciada el 18 de octubre, justo cuando Naciones Unidas revelaba un aumento en las hectáreas de coca cultivadas en Colombia. Según Petro, esta acción busca ayudar a los campesinos de zonas controladas por el narcotráfico, donde no llega el crédito legal, y plantea una alternativa mientras se establecen economías sostenibles. Sin embargo, no se han dado detalles claros sobre cómo funcionará este proceso ni cuál será el destino final de las hojas de coca adquiridas por el gobierno.
La oposición criticó severamente la medida, considerando que podría incentivar la producción de coca en lugar de combatirla. Senadores como María Fernanda Cabal y Andrés Forero del Centro Democrático afirmaron que el anuncio contradice los esfuerzos por erradicar economías ilícitas, y temen que el Gobierno esté promoviendo indirectamente la siembra de coca. Cabal lo calificó de «absurdo», mientras que Forero cuestionó si esta es la verdadera intención detrás de la reforma tributaria, sugiriendo que el gobierno utilizará los ingresos fiscales para financiar la compra de estas cosechas.
La viabilidad jurídica de la propuesta también ha sido puesta en duda por expertos en seguridad y economía. Daniel Mejía, profesor de la Universidad de los Andes, señaló que no existe un marco legal claro que permita esta compra y advirtió que podría desatar investigaciones por parte de la Contraloría. Mejía también expresó preocupación por los incentivos que la medida podría crear, ya que al anunciar la compra estatal, se podría aumentar el valor de la hoja de coca en el mercado, generando un efecto contrario al esperado. La falta de claridad en la implementación y los posibles riesgos legales y económicos han sido destacados como puntos críticos de la propuesta.
Finalmente, Emilio Archila, exconsejero de Reconciliación, cuestionó la legalidad del anuncio al señalar que este tipo de acciones no estaba contemplado en los acuerdos de paz ni en la legislación actual. Archila subrayó que, si bien es importante ayudar a los pequeños cultivadores a salir de la economía de la coca, esto debe hacerse dentro de la ley y con un plan a largo plazo. Destacó que el mensaje enviado por el Gobierno podría ser contraproducente, especialmente para las comunidades que han apoyado iniciativas de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.
