El Presupuesto General de la Nación para 2025 se encuentra en el limbo después de que las comisiones económicas del Congreso no lograran aprobarlo en el primer debate, dejando abierta la posibilidad de que se expida por decreto. La falta de quórum en la última sesión y las críticas hacia el Ministerio de Hacienda por presunta falta de transparencia generaron tensiones entre el Gobierno y la oposición. Aunque algunos expertos aseguran que el trámite podría mantenerse hasta el 20 de octubre, aún no está claro si se alcanzará un acuerdo antes de esa fecha o si será necesaria la intervención presidencial.
El Gobierno ha defendido su postura, argumentando que los cambios de última hora en las asignaciones presupuestarias, que no fueron bien recibidos por las comisiones, no son motivo para hundir el proyecto. Según el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, si el Congreso no aprueba el presupuesto, el Ejecutivo seguirá adelante con un decreto basado en la ley vigente. No obstante, sectores de la oposición aseguran que el presupuesto de $523 billones sigue atado a una ley de financiamiento que consideran inadecuada, y temen que la medida afecte gravemente a la democracia y a la estabilidad fiscal.
Varios analistas han advertido que un presupuesto expedido por decreto podría generar incertidumbre fiscal y afectar la inversión pública. Expertos en derecho presupuestal señalan que el Congreso no se ha negado a expedir el presupuesto, sino que existe un desacuerdo sobre el monto final. Se espera que las comisiones y los delegados del Gobierno encuentren puntos de consenso para evitar que esta situación desencadene una crisis financiera que dañe la confianza inversionista en el país.
