La Procuraduría General de la Nación inhabilitó al excanciller Álvaro Leyva durante diez años para ocupar cargos públicos o de elección popular, debido a su decisión de declarar desierta la licitación del contrato de pasaportes en 2023. Este proceso se remonta a mayo del pasado año, cuando la Cancillería organizó la licitación para renovar el contrato de expedición de pasaportes, que había estado bajo el control de Thomas Greg & Sons durante casi veinte años. Leyva, siguiendo directrices del presidente Gustavo Petro, tomó la decisión de suspender la licitación, lo cual derivó en un conflicto jurídico con la firma contratista, actualmente en conciliación.
(Te puede interesar: Fiscalía impulsa cambios en el principio de oportunidad para agilizar procesos)
La resolución de la Procuraduría sostiene que Leyva desconoció los principios de transparencia, economía y responsabilidad en la contratación pública, lo cual considera una «falta gravísima a título de dolo». Ernesto Espinosa, procurador a cargo del proceso, explicó que declarar desierta la licitación implicó una vulneración del proceso de selección pública. La sanción representa un golpe significativo para Leyva, quien ha servido al Estado colombiano por más de tres décadas, aunque todavía le queda la opción de apelar esta decisión.
Por su parte, Álvaro Leyva se ha pronunciado en contra del fallo, señalando que esta sanción tiene un “trasfondo político” y cuestionando la autonomía de la procuradora Margarita Cabello. El excanciller afirmó que el fallo tiene altas probabilidades de ser revocado y que, pese a esta inhabilitación, considera su regreso al ámbito de las negociaciones de paz en Colombia.
