Colombia enfrenta un panorama crítico con la erradicación de cultivos de coca, ya que el país alcanzó un récord histórico de 253.000 hectáreas de hoja de coca, según el informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de Naciones Unidas. Entre enero y septiembre de 2024, la erradicación manual fue mínima, destruyéndose solo 4.504 hectáreas, lo que representa una caída del 66% en comparación con el mismo periodo de 2023. A esta situación se suma la reducción de la meta de erradicación, que pasó de 20.000 hectáreas en 2023 a solo 10.000 en 2024, agravando aún más la crisis. Esto ocurre mientras la siembra de coca aumentó en 16 de los 19 departamentos donde se cultiva.
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El problema se complica aún más tras declararse desierta la licitación de 78.125 millones de pesos que la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional había lanzado en junio para contratar la erradicación manual de cultivos ilícitos. Dos consorcios, Unión Temporal Tierra Libre y Consorcio GM, se postularon, pero debido a disputas legales y el incumplimiento de los requisitos, la Policía decidió anular el proceso. Esta situación ha dejado en vilo la contratación de los grupos móviles de erradicación, que históricamente han jugado un papel clave en la lucha contra los cultivos de coca.
El fallido proceso de licitación contrasta con la anterior adjudicación directa a la Unión Temporal Global Allianz Group entre 2020 y 2023, bajo la cual se denunciaron irregularidades en el uso de recursos. Aunque ese contrato gestionó 400.000 millones de pesos, se reveló que gran parte del dinero se destinaba a cubrir los lujos del contratista Carlos Niño en lugar de las necesidades de los 2.100 campesinos contratados para las labores de erradicación. Con la finalización de dicho contrato, las labores de erradicación han quedado en manos de 54 grupos de policías, insuficientes para frenar el creciente problema de la coca.
La Dirección de Antinarcóticos está evaluando la posibilidad de abrir un nuevo proceso de licitación, pero el tiempo es limitado, ya que las alarmantes cifras de cultivos y la falta de recursos adecuados ponen en riesgo la lucha contra el narcotráfico en lo que queda del mandato del presidente Gustavo Petro. Esta situación crítica subraya la necesidad urgente de una estrategia eficaz para enfrentar el auge de los cultivos ilícitos y sus consecuencias en Colombia.