A 40 días para la primera vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral (CNE) pusieron en marcha un cronograma institucional para blindar las elecciones presidenciales y contrarrestar los señalamientos de fraude que el presidente Gustavo Petro ha sostenido de forma reiterada contra ambas entidades. El registrador Hernán Penagos anunció que el proceso electoral será abierto desde lo tecnológico para que auditores de partidos, campañas, candidatos y observadores internacionales puedan estar presentes en cada fase determinante. Desde el 20 de abril comenzó la impresión de los tarjetones para los 13 candidatos presidenciales inscritos.
La Registraduría programó la exposición del código fuente de sus softwares de preconteo, sorteo de jurados, escrutinio y consolidación de resultados entre el 27 de abril y el 10 de mayo. La auditoría será liderada por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), organismo especializado en procesos electorales de América Latina, e incluye una auditoría externa técnica y acompañamiento internacional para verificar la integridad de la infraestructura tecnológica. La entidad también programó simulacros nacionales e internacionales de preconteo entre el 16 y el 21 de mayo.
El CNE, por su parte, lanzó una plataforma digital para que cada campaña acredite a sus testigos electorales entre el 6 y el 24 de mayo. En las legislativas de marzo pasado, más de un millón de testigos cubrieron el 98,9 % de las 125.000 mesas habilitadas en el país; la meta para el 31 de mayo es llegar al 100 %. El presidente del CNE, Cristian Quiroz, afirmó que los comicios serán completamente transparentes y que el discurso sobre fraude no pasa de ser una opinión política.
Las medidas responden a meses de cuestionamientos del presidente Petro contra el sistema electoral. Petro ha señalado que el software de conteo de votos es vulnerable, que la Registraduría habría cometido fraude en elecciones anteriores y que entidades como la Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía estarían mintiendo sobre las garantías del proceso. El propio Gobierno admitió en un documento judicial que no cuenta con pruebas concretas de fraude electoral, lo que profundizó las tensiones con los entes de control que lideran la campaña denominada "Paz Electoral".
En materia de seguridad para los candidatos, el ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que los 13 aspirantes cuentan con esquemas de protección de más de 30 personas en Bogotá y más de 40 cuando se desplazan al territorio, además de vehículos blindados y convencionales y mantas balísticas. Las medidas se reforzaron tras las amenazas registradas contra Paloma Valencia y los daños en la sede de campaña de Iván Cepeda. Benedetti reconoció que Petro ha impuesto un "manto de duda" sobre el proceso, pero sostuvo que los diálogos con la Procuraduría y la Registraduría brindan garantías.
El procurador general, Gregorio Eljach, advirtió que los jurados de votación que no sigan las instrucciones de la autoridad electoral podrán enfrentar sanciones disciplinarias, al ser considerados funcionarios públicos transitorios. La campaña "Paz Electoral" que lidera la Procuraduría busca unificar metodologías y lenguajes entre todos los actores del proceso para presentar una información consolidada el día de los comicios.
