El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, dominado por magistrados cercanos al chavismo, ratificó los resultados de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, que dieron como ganador a Nicolás Maduro. A pesar de las denuncias de fraude realizadas por la oposición y la comunidad internacional, el TSJ confirmó la validez del material electoral revisado y certificó la victoria de Maduro para el periodo 2025-2031. El tribunal también instó al fiscal general a continuar las investigaciones penales contra miembros de la oposición, acusándolos de delitos como usurpación de funciones y conspiración, vinculados a la publicación de actas falsas y un supuesto ciberataque durante las elecciones.
La decisión del TSJ fue precedida por un proceso de validación iniciado por el propio Maduro, quien solicitó al tribunal que ratificara su victoria tras las denuncias de fraude. Durante este proceso, los candidatos presidenciales fueron citados a declarar, aunque el opositor Edmundo González Urrutia se negó a asistir, argumentando que su libertad estaba en riesgo y criticando la falta de transparencia y legalidad en el procedimiento. A pesar de la revisión del material electoral, los resultados detallados de las elecciones aún no han sido publicados, lo que ha aumentado las sospechas de manipulación.
Tanto la oposición venezolana como la comunidad internacional han criticado duramente el fallo del TSJ. Edmundo González y María Corina Machado, figuras prominentes de la oposición, denunciaron la falta de imparcialidad del tribunal y señalaron que esta decisión profundiza la crisis en Venezuela. La Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU también expresó su preocupación por la falta de independencia del TSJ y el Consejo Nacional Electoral (CNE), acusándolos de actuar bajo la influencia del gobierno de Maduro, lo que socava la credibilidad del proceso electoral y perpetúa la crisis política en el país.
