La Contraloría General de la República emitió un fallo con responsabilidad fiscal por 87.027 millones de pesos contra varios integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados, relacionada con el incumplimiento del contrato de instalación de centros digitales en zonas rurales de Colombia durante el gobierno de Iván Duque. El proyecto, que tenía como objetivo proporcionar acceso gratuito a internet en 7.277 puntos ubicados en regiones vulnerables de 16 departamentos, fue catalogado por la Contraloría como «ineficaz, ineficiente e inoportuno», debido a que los equipos necesarios nunca fueron entregados, afectando a las comunidades rurales que dependían del acceso a internet.
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El fallo señala que la Unión Temporal presentó una garantía bancaria falsa que permitió el desembolso de un anticipo de 70.000 millones de pesos, el cual nunca fue justificado ni retornado adecuadamente. Además, la empresa proveedora de equipos, liderada por Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, fue declarada responsable por no entregar los dispositivos necesarios, contribuyendo al fracaso del proyecto. También se sancionó a la firma interventora, Consorcio PE2020 C Digitales, por autorizar pagos sin verificar que se cumplían las condiciones contractuales.
Por otro lado, la Contraloría exoneró de responsabilidad fiscal a varios funcionarios del Ministerio TIC. Adriana Meza, representante legal delegada del Funtic, fue absuelta al demostrarse que no fue informada a tiempo sobre los incumplimientos del contratista. Sandra Orjuela, subdirectora de gestión contractual, también fue exonerada por haber seguido todos los procedimientos, mientras que Camilo Jiménez Santofimio, supervisor del contrato, fue absuelto al comprobarse que no participó en la aprobación de pagos.
Este fallo en primera instancia aún puede ser apelado por los involucrados, pero el objetivo de la Contraloría es que el Estado recupere más que los 70.000 millones de pesos perdidos originalmente en este contrato. La medida busca corregir el daño financiero causado por el manejo irregular de los recursos públicos destinados al proyecto de conectividad en las zonas más apartadas del país.
