Las recientes declaraciones del Presidente Gustavo Petro sobre la venta de Operación de Fracking de Ecopetrol han generado preocupación entre los inversionistas de la compañía. Durante el Consejo de Ministros, transmitido por televisión nacional, el mandatario reiteró su postura en contra de esta técnica de extracción y solicitó la venta de la operación para destinar esos recursos a energías limpias en Colombia. Sin embargo, abandonar este negocio no solo implicaría un impacto económico significativo, sino también una posible penalidad contractual que podría ascender hasta 400 millones de dólares.
Actualmente, Ecopetrol opera en el Permian Basin, uno de los yacimientos más importantes de fracking en Estados Unidos, en alianza con la empresa estadounidense Occidental Petroleum (Oxy). La renovación del acuerdo entre ambas compañías permite continuar con las operaciones hasta junio de 2026, aunque Oxy solicitó que la extensión fuera solo por un año debido a su interés en priorizar otros proyectos. Existe la opción de renovar nuevamente el contrato el próximo año, dependiendo de factores macroeconómicos y las condiciones del sector. Sin embargo, si Ecopetrol decide retirarse del negocio por orden del gobierno, se enfrentaría no solo a la millonaria penalización, sino también a un impacto reputacional y posibles cuestionamientos en su gobierno corporativo.
La compañía ya ha enfrentado episodios similares en el pasado. En 2023, la petrolera decidió renunciar a su participación en el proyecto Oslo, decisión que generó incertidumbre entre inversionistas y afectó la confianza en la empresa. Para Felipe Campos, gerente de inversión de Alianza Valores y Fiduciaria, si se concreta la venta del negocio de fracking, el impacto podría ser incluso mayor que el registrado con Oslo. “Sería una noticia tremendamente negativa, similar o peor a la del año pasado”, señaló el analista.
En caso de que Ecopetrol avance con la venta, el proceso podría extenderse entre dos y tres años, debido a las cláusulas contractuales y a la necesidad de contar con el visto bueno de Oxy para la entrada de un nuevo socio. Además, la junta directiva de la empresa deberá aprobar la transacción y contratar a una banca de inversión para valorar y comercializar el negocio de fracking en el mercado. Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los inversionistas y analistas del sector, quienes advierten que esta decisión podría afectar la estabilidad financiera y operativa de la empresa estatal.
