El proyecto de presupuesto para el Sistema General de Regalías, que establece un monto de 30,9 billones de pesos para el bienio 2025-2026, sigue en discusión en el Congreso. En el marco de estos debates, el gobierno intentó introducir un artículo para frenar la asignación directa de recursos de regalías a empresas y fondos mixtos, también conocidos como “contrataderos”. Sin embargo, luego de que el representante a la Cámara por el Partido de la U, Eliecer Salazar, presentara una proposición pidiendo sacar la propuesta con el argumento de «falta de unidad de materia», las comisiones económicas eliminaron este artículo.
La decisión de eliminar la propuesta ha generado una fuerte crítica, ya que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) señala que una gran parte de los fondos de regalías asignados a estos “contrataderos” queda en manos de empresas privadas sin suficiente transparencia. En 2023, casi la mitad de los 15,4 billones de pesos en regalías fue ejecutada por fondos mixtos y entidades de economía mixta, los cuales suelen gestionar contratos de manera directa. Esta modalidad ha sido criticada por su falta de control y su relación con el riesgo de proyectos inconclusos o “elefantes blancos” que no cumplen sus objetivos.
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Un caso que ha captado la atención del DNP es el Fondo para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social Sierra Nevada, que desde su creación en 2021 ha recibido 881.000 millones de pesos en contratos de regalías, principalmente en años electorales. Este fondo, que inició con un capital de apenas cinco millones de pesos, ha gestionado proyectos en 15 departamentos. La mayoría de los recursos se concentran en departamentos como Meta y Cesar, donde alcaldías locales otorgaron contratos millonarios en procesos de entrega directa, un tipo de contratación criticado por su falta de transparencia.
Las cifras del DNP evidencian el uso extendido de estos fondos mixtos para proyectos financiados con regalías. Durante el último año, se realizaron 1.321 inspecciones a proyectos por un valor total de 14,5 billones de pesos, de los cuales 117 están en estado crítico, con una inversión aproximada de 1,6 billones de pesos. A pesar de estos hallazgos, la figura de contratación especial se sigue utilizando masivamente, como en el caso de Sierra Nevada, que ha contratado al 99% de sus recursos mediante esta modalidad.
El gobierno mantiene su interés en limitar el acceso de los “contrataderos” a los recursos de regalías y evalúa incluir nuevamente la propuesta de reforma en el debate final en el Senado y la Cámara de Representantes. La discusión en torno a esta medida se centra en si el Congreso decidirá poner límites a la gestión de fondos de regalías o si la figura de contratación especial continuará sin mayores controles en Colombia.
