El Consejo de Estado evalúa una demanda que podría representar un serio revés para el presidente Gustavo Petro y su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por haber activado la cláusula de escape de la regla fiscal en Colombia. Esta medida excepcional permitió al Gobierno no cumplir con el límite del déficit fiscal establecido para 2025, bajo el argumento de que hacerlo pondría en riesgo el funcionamiento del Estado. La decisión fue tomada por el Consejo de Política Fiscal (Confis), aunque no se ha publicado oficialmente el acta de la sesión en que se aprobó.
La regla fiscal es una herramienta legal diseñada para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, fijando límites al déficit fiscal y estableciendo metas de consolidación a mediano plazo. Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo, el déficit estimado para 2025 será del 7,1% del PIB, muy por encima del 5,1% permitido. El Gobierno argumentó que la activación de la cláusula de escape es preferible a realizar recortes abruptos que podrían afectar la inversión pública y agravar la situación económica.
Sin embargo, la decisión ha sido duramente cuestionada. Pedro Nel Ospina, abogado y expresidente de Colpensiones, presentó una demanda argumentando que no se cumplen los requisitos legales para activar la cláusula de escape. A su juicio, la norma solo puede usarse en “eventos extraordinarios o que comprometan la estabilidad macroeconómica”, condiciones que, asegura, no se presentan actualmente. Además, señala que el déficit es el resultado de una mala gestión presupuestal del propio Gobierno.
El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), órgano técnico adscrito al Ministerio de Hacienda, también se pronunció en contra de la decisión. En un concepto no vinculante, el CARF indicó que los argumentos presentados por el Ministerio no son suficientes para justificar la activación de la cláusula. Advirtió que esta medida no soluciona los desequilibrios estructurales del país y recomendó establecer metas fiscales trimestrales para los próximos años como mínimo de control.
En paralelo, agencias calificadoras como Moody’s y Standard & Poor’s han expresado su preocupación por el manejo fiscal del actual gobierno, tras conocer el déficit proyectado y el aumento en los niveles de endeudamiento. El rezago presupuestal también ha sido notable: según Ospina, pasó de 28,3 billones de pesos en 2022 a más de 63 billones en 2024. Esta falta de control habría sido provocada por la autorización de contratos sin respaldo de caja, lo que ha empeorado la situación de liquidez del Estado.
Mientras tanto, el presidente Petro ha defendido públicamente la decisión del Confis, incluso sugiriendo que la demanda es parte de una persecución política en su contra. En sus redes sociales, criticó al Consejo de Estado y vinculó el proceso con lo que denominó una estrategia de “lawfare” contra su gobierno. La alta corte deberá decidir si admite o no la demanda, pero los expertos advierten que, si prospera, el Gobierno se vería obligado a recortar el gasto y ajustar su plan económico justo antes de presentar el presupuesto de 2026.
