La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó de manera formal ante el Tribunal Superior de Bogotá la apelación contra la condena de 12 años de prisión domiciliaria que le fue impuesta por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. El abogado Jaime Granados radicó un extenso escrito de 904 páginas en el que sostiene que la juez 44 de conocimiento, Sandra Heredia, incurrió en errores de hecho y de derecho, con apreciaciones que califica de “notoriamente sesgadas” y que, según la defensa, afectaron la legalidad de la sentencia y la presunción de inocencia del exmandatario.
En el documento, la defensa señala que su objetivo es que el Tribunal revise en detalle lo que considera yerros judiciales y restablezca las garantías procesales del expresidente. Granados insiste en que existen pruebas técnicas, documentales y testimoniales que, a su juicio, demuestran que Álvaro Uribe nunca dio instrucciones ni participó en presiones o sobornos a testigos. Asimismo, niega que se hayan empleado maniobras dilatorias para entorpecer el proceso penal, como lo indicó la juez en primera instancia.
Este recurso de apelación se suma a una tutela interpuesta por la defensa, en la que se argumenta que la sentencia vulneró derechos fundamentales como la dignidad, el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad, al ordenar la detención inmediata del exmandatario sin que el fallo estuviera en firme. Según los abogados, esta medida resultó desproporcionada y contraria a las garantías procesales.
El presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Fabio David Bernal Suárez, afirmó que los magistrados encargados de estudiar la apelación —Alexandra Ossa Sánchez, Manuel Antonio Merchán Gutiérrez y María Leonor Oviedo Pinto— cuentan con amplia trayectoria, idoneidad y autonomía para decidir si confirman o revocan la condena. Bernal destacó que la valoración se hará con base en el contenido probatorio y en criterios de persuasión racional previstos en el Código de Procedimiento Penal.
Con el fin de agilizar el trámite, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá suspendió el reparto de tutelas a la Sala Penal Número 19, que estará dedicada exclusivamente a resolver este caso. Además, se crearon tres despachos transitorios para atender otros procesos del Tribunal, permitiendo que los magistrados asignados puedan concentrarse de manera exclusiva en la apelación.
Los magistrados tienen plazo hasta el 16 de octubre para decidir en segunda instancia si ratifican o revocan la condena de 12 años de prisión domiciliaria. En caso de que no se emita un fallo antes de esa fecha, el proceso contra Álvaro Uribe podría prescribir, lo que convierte este calendario en un punto clave dentro del desarrollo del caso.
