La Defensoría del Pueblo presentó este 22 de enero un balance oficial sobre el reclutamiento de menores en Colombia durante 2025, una práctica que la entidad calificó como una grave infracción al derecho internacional humanitario. De acuerdo con el informe, entre enero y diciembre del año pasado se documentaron 257 casos de niñas, niños y adolescentes vinculados de manera forzada o inducida a grupos armados ilegales. Aunque la cifra representa una reducción frente a los 651 casos registrados en 2024, el organismo defensor de derechos humanos advirtió que el fenómeno sigue afectando de forma estructural a comunidades vulnerables y zonas con alta presencia de actores armados.
Del total de casos registrados por la Defensoría, el 62 % corresponde a niños y adolescentes, mientras que el 38 % involucra a niñas y adolescentes, lo que evidencia una afectación diferenciada por género. En cuanto a la pertenencia étnica, el informe señala que el 47 % de los menores reclutados pertenece a pueblos indígenas, el 45 % no se reconoce en ningún grupo étnico y el 8 % corresponde a población afrocolombiana, una distribución que refleja el impacto desproporcionado del conflicto armado en territorios históricamente excluidos. La Defensoría reiteró que estas cifras confirman la persistencia de dinámicas de violencia que afectan de manera directa a comunidades rurales y étnicas.
El análisis por presuntos responsables indica que el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc concentra el mayor número de casos, con el 47,1 % del total reportado durante 2025. Le siguen las disidencias sin especificar, con el 15,16 %; el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el 11,7 %; y el Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia, con el 8,2 % de los registros. Estos datos, según la Defensoría, muestran la continuidad del reclutamiento de menores como una estrategia recurrente de distintos grupos armados ilegales para sostener su control territorial y capacidad operativa.
En cuanto al comportamiento temporal y territorial del fenómeno, el mes con mayor número de casos fue junio, que concentró el 13 % de los reportes, seguido de febrero y marzo, con el 11 %, y de enero, abril y septiembre, cada uno con el 10 %. A nivel regional, el departamento del Cauca encabezó las cifras con 93 casos, seguido por Antioquia, con 23, y Chocó, con 22. La Defensoría subrayó que, pese a la reducción estadística frente al año anterior, cada caso representa la ruptura de un entorno familiar y comunitario, una situación que continúa siendo monitoreada por la entidad a través de sus sistemas de alerta temprana y seguimiento territorial.
