La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha generado gran incertidumbre sobre el futuro de los proyectos financiados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en Colombia. En regiones como el Guaviare, campesinos que participaban en iniciativas productivas para frenar la deforestación han visto cómo el apoyo técnico y financiero desaparece. Lo mismo ocurre con los 39 municipios priorizados para el turismo de naturaleza, cuyos habitantes desconocen si sus proyectos continuarán. Además, agricultores y ganaderos en zonas de la Orinoquía, el Caribe y la región Andina siguen a la espera de respuestas sobre los programas de Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) que estaban en proceso de implementación.
La incertidumbre creció con el anuncio del presidente Trump, quien, asesorado por el multimillonario Elon Musk, ha manifestado su intención de cerrar USAID, al considerarla ineficiente y poco alineada con los intereses de Estados Unidos. “Es un balón de gusanos. Hay que deshacerse de todo”, afirmó Musk. No obstante, la eliminación de la agencia requiere la aprobación del Congreso estadounidense, lo que hace que, por ahora, el organismo siga funcionando, aunque con grandes cambios. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha señalado que, aunque USAID no desaparecerá de inmediato, ahora operará bajo su control, garantizando que los recursos se asignen según los intereses estratégicos de Washington.
Con Rubio al mando de la distribución de fondos, Colombia enfrenta un panorama complejo. El país ha sido el mayor receptor de ayuda de USAID en América Latina, con un aporte anual cercano a los 450 millones de dólares y un acumulado de más de 14.000 millones de dólares desde la implementación del Plan Colombia en el año 2000. Dentro de estos recursos, el apoyo a iniciativas ambientales ha sido clave, con proyectos como Amazonía Mía, Tierra Dorada, Destino Naturaleza, Inversión Clima, Agricultura Sostenible y Naturaleza Productiva. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro ha dejado en claro que su gobierno no negociará para obtener financiamiento. “USAID no puede pagar a nuestros funcionarios. No vamos a pedir que nos sigan ayudando. Trump tiene razón, llévese su plata”, declaró el mandatario en un reciente Consejo de Ministros televisado.
Ante este escenario, los proyectos ambientales serían los más afectados. La administración Trump ha sido crítica del cambio climático y ha minimizado la necesidad de financiar programas de conservación y sostenibilidad. Aunque es probable que los fondos de USAID se redirijan hacia estrategias contra el narcotráfico, los programas para frenar la deforestación y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero quedarían en segundo plano. De acuerdo con el investigador Andrés Felipe Ortega, experto en cooperación internacional, el sector ambiental no será prioritario para el gobierno estadounidense, dado que Trump ya ha demostrado su desinterés en compromisos climáticos internacionales, como su decisión de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París.
