La exconsejera presidencial Sandra Ortiz fue enviada a la cárcel por la juez tercera de garantías de Bogotá, acusada de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Según la Fiscalía, Ortiz habría gestionado la entrega de un soborno de 3.000 millones de pesos al expresidente del Senado, Iván Name, proveniente de contratos irregulares en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La juez argumentó que Ortiz representa un riesgo para la comunidad y el proceso judicial, lo que justifica su reclusión en prisión preventiva.
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De acuerdo con la Fiscalía, Ortiz habría participado en reuniones clave, como un desayuno en el Hotel Tequendama en septiembre de 2023, en el que presuntamente insistió en adicionar presupuestos para un contrato en el Atlántico. Además, el ente acusador sostiene que Ortiz transportó, en dos ocasiones, maletas con dinero en efectivo desde el Hotel Tequendama hasta el apartamento de Iván Name en Bogotá. Estos recursos, supuestamente derivados de la corrupción en la UNGRD, fueron calificados como ilegales por ser producto de peculado e interés indebido en la contratación.
Durante la audiencia, Ortiz se declaró víctima de un complot y aseguró que una persona cercana al Presidente de la República habría orquestado las acusaciones en su contra. Según Ortiz, esta persona cuenta con influencias en la Fiscalía, la Procuraduría y otros entes de control. En su intervención, Ortiz negó las acusaciones y afirmó haber alertado previamente sobre irregularidades en contratos de carrotanques para La Guajira, enfatizando que “es incapaz de quitarles un vaso de agua a los niños de la región”.
La decisión de la juez fue apelada por la defensa de Ortiz, quien espera que un juez de segunda instancia revise su caso. La Fiscalía, por su parte, continúa investigando la participación de otros implicados, incluidos Carlos Ramón González, exdirector del DAPRE, y Olmedo López, exdirector de la UNGRD, en el esquema de sobornos que habría beneficiado al gobierno en el Congreso.
