El proyecto de la Ley de Financiamiento es una de las propuestas más relevantes del Gobierno para equilibrar las finanzas en 2025, tras la caída del Presupuesto General de la Nación en el Congreso. Con esta ley, el Ejecutivo busca sumar $12 billones adicionales a los $511 billones ya garantizados en el presupuesto, alcanzando un total de $523 billones. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, presentó de manera informal el proyecto a la Comisión cuarta del Senado, aunque aún no tiene congresistas ponentes para iniciar su votación. Esta ley propone tres pilares: incentivar la reactivación económica, organizar impuestos para financiar la adaptación al cambio climático y mejorar la eficiencia de la fiscalización a través de la DIAN.
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Uno de los objetivos de la Ley de Financiamiento es ajustar las cargas impositivas de manera diferenciada, beneficiando a algunos sectores y aumentando los impuestos en otros. Se planea reducir la tasa de renta corporativa gradualmente, pasando del 35% a un promedio del 27,3%, con tasas más bajas para pequeñas y medianas empresas. También se ofrecerán incentivos fiscales para impulsar la generación de energías renovables, el turismo, el mejoramiento de vivienda y la renovación del parque automotor. Por otro lado, el proyecto busca aumentar el impuesto al carbono, subir los umbrales del impuesto al patrimonio y regular el pago de impuestos por parte de plataformas de juegos de azar en línea, que actualmente no están gravadas de la misma forma que los puntos físicos.
Además de las medidas tributarias, el Gobierno propone adelantar la aplicación de la regla fiscal de 2026 a 2025, lo cual facilitaría el manejo de la deuda pública, que se encuentra en niveles elevados. Esta estrategia apunta a reforzar la sostenibilidad financiera del país para enfrentar los riesgos económicos del próximo año, al mismo tiempo que se asegura una distribución más equitativa de las cargas fiscales entre los distintos sectores.
