Un fallo del Tribunal Superior de Bogotá ordenó la libertad de Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, dejando sin efecto la medida de detención impuesta el pasado 1 de agosto de 2025 por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá. El documento, firmado por los magistrados Leonel Rogeles Moreno y Aura Alexandra Rosero, precisa que la orden de libertad se mantendrá hasta que la sala de decisión penal del Tribunal resuelva el recurso de apelación interpuesto por la defensa del exmandatario. La decisión judicial instruye al juzgado a expedir de manera inmediata la boleta de libertad a favor de Uribe.
En el fallo se detalla que la tutela fue presentada argumentando la vulneración de derechos fundamentales, entre ellos, la dignidad humana, el debido proceso y la presunción de inocencia. La defensa cuestionó que la privación de la libertad se hubiese ejecutado sin que el fallo de primera instancia estuviera en firme, ya que la apelación se encuentra en trámite.
El documento también recoge los reparos de la defensa frente a los señalamientos de supuestas “estrategias dilatorias sistemáticas” para impedir la instalación del juicio. Según los abogados de Uribe, este señalamiento es falso, pues el proceso se desarrolló en dos audiencias en las que solo se presentaron dos solicitudes de nulidad rechazadas y un recurso de queja. Además, un auto del 2 de julio de 2024 obligó a la juez a permitir la interposición de ese recurso.
En cuanto al avance del proceso, la tutela señala que, pese a la complejidad del caso, el juicio se desarrolló en un plazo razonable. El escrito de acusación fue presentado el 9 de abril de 2024 y la sentencia de primera instancia fue emitida el 1 de agosto de 2025. La defensa insistió en que no se trató de maniobras dilatorias, sino del ejercicio legítimo de los recursos judiciales.
Finalmente, los magistrados resaltaron que no existen pruebas de una intención de fuga por parte del expresidente. El documento precisa que Álvaro Uribe no adelantó trámites de asilo ni gestiones para abandonar el país, por lo que no hay indicios de evasión. En ese sentido, advierten que las medidas de aseguramiento en un Estado de Derecho no pueden basarse en riesgos hipotéticos, sino en circunstancias actuales y verificables que justifiquen su aplicación para la protección del proceso y de las víctimas.
